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El Aborto como un Derecho en Chihuahua

Desde principios del 2020 se ha trabajado en una estrategia en conjunto con Abortistas MX, llevando a cabo la presentación de amparos individuales y colectivos que retomaran argumentos sobre aborto, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el Artículo 4º constitucional, donde se tutelan los derechos reproductivos incluyendo el derecho a decidir, entre otros.

 

El objetivo principal, era conseguir el estudio de los artículos que prohíben el aborto voluntario en nuestro estado, declarándolos inconstitucionales, a su vez, innaplicándolos a las personas solicitantes una vez concedidos los amparos. Avanzando en la estrategia, se le sumó el reclamo de la prestación de servicios de aborto voluntario por parte del estado, es decir, que no bastaba con solo no criminalizar a las personas que decidieran abortar voluntariamente, sino que el estado debía proveer esos servicios de manera pública y gratuita según los criterios también de la SCJN.

No es hasta febrero del 2024, que obtenemos la primera de varias sentencias favorables donde se ordena a la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Chihuahua que difundan información e implementen los servicios de aborto voluntario para todas, todes y todos.

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Diosa Justiciera
¿Qué significa ésto?

Que en el Estado de Chihuahua los Servicios de Salud y la Secretaría de Salud están obligados a brindar los servicios de aborto voluntario a quien así lo solicitase, ésto por haber sido reconocido como un derecho, lo cual lo pone por encima de cualquier código penal. Y advirtiéndose la autoridad, de que si no se brindase el servicio, las personas titulares pueden ser acreedoras de una multa o inclusive, una destitución del cargo.

TÚ DECIDES

Al emitirse éstas sentencias, abre una posibilidad que anteriormente no existía. El poder solicitar el servicio de aborto en una clínica pública sin necesidad de encuadrar en alguna de las causales de exclusión de responsabilidad que manejaba el Código Penal del Estado de Chihuahua, es decir, solicitarlo de manera voluntaria. Dejando la decisión de en qué lugar hacerlo, a la persona que lo solicite sin el miedo de ser criminalizada.

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